El coordinador general de Videnza Instituto, Nicolás Besich, aseveró que no ha habido un interés real de parte del Congreso para abordar la situación del Reinfo ni la aprobación de la Ley MAPE.
La Comisión de Energía y Minas del Congreso aprobó esta semana el dictamen que propone la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre de 2027, por lo que la extensión del registro quedó en manos del Pleno del Parlamento, que deberá ratificar o rechazar esta medida.
El dictamen extiende la vigencia del proceso de formalización minera hasta la citada fecha o hasta la entrada en vigor de la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE).
El texto también establece el retorno de los 50 000 mineros excluidos del registro en junio de este año y durante el Gobierno de Dina Boluarte. No obstante, no podrán retornar aquellos que tengan condena firme o sentencia por minería ilegal, lavado de activos, trata de personas, ni quienes hayan sido sancionados por realizar actividades mineras ilegales en zonas restringidas.
A poco de aprobarse el dictamen, el coordinador general de Videnza Instituto, Nicolás Besich, aseveró que se trata de un hecho “nefasto” que, abiertamente, favorecer a la minería ilegal a raíz de las disposiciones complementarias de la normativa.
“[Los congresistas] dicen ok, vamos a extender esto hasta el 2027 y hasta que se apruebe la ley MAPE o hasta que se culmine el proceso de formalización no se puede excluir a ningún Reinfo. Entonces yo puedo cometer actividades ilegales, puedo estar en el margen, operando en ríos, desforestando, haciendo trata de personas, en fin, pero no me van a poder excluir del Reinfo, voy a tener esa protección legal”, criticó.
Besich señaló que el dictamen –como se explica líneas arriba– precisa que no podrán retornar aquellos con sentencia por minería ilegal; sin embargo, indicó que ese tipo de condenas tardan muchos años en imponerse.
“Dicen, oye, pero vamos a sincerar la ubicación, que los Reinfos sinceren su ubicación, dónde están operando, que demuestren efectivamente que están ahí. No hay garantías para que eso suceda. Pero ¿y si no lo hacen? ¿No los van a poder excluir tampoco? Ese es un tema muy serio”, aseveró.
Acotó que el eventual retorno de los 50 000 registros suspendidos ocasionará que la minería ilegal siga ganando terreno en el país.
“Con esta norma lo que se hace es apuntar a que eso se mantenga o empeore, porque si vemos que las proyecciones económicas establecen que el precio del oro, la onza, 28 gramos de oro, cuesten más de 4 mil dólares, cuando hace pocos años estaban por debajo de los 3 mil, hace pocos años costaban menos de 3 mil, entonces todos los incentivos están a que la minería ilegal siga creciendo”, juzgó.
Bajo ese argumento, el especialista alegó que no ha habido un interés serio del Congreso para discutir el tema y menos para aprobar una ley MAPE.
